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El COIIM apuesta por la ampliación de la operación del parque nuclear español

Central nuclear de Almaraz

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), a través de su grupo de expertos de la Comisión de Energía, apuesta por la ampliación de la operación de las centrales nucleares españolas con el objetivo de mantener el mix energético actual. El pasado año más del 50% de la energía producida en nuestro país fue de origen renovable, mientras que la tecnología nuclear aportó –como viene siendo habitual en la última década- alrededor del 20% del total de la producción.

No cabe duda que Europa lidera una acción decidida para frenar el cambio climático rebajando las emisiones de CO2 a través de una firme apuesta por las energías renovables, una política razonable y segura, aunque puede que no sea suficiente para lograr los objetivos climáticos. La crisis energética abierta por la guerra de Ucrania y la dependencia del gas ruso plantea a Europa un problema adicional en el corto plazo: abastecer la demanda ante un previsible invierno frío. Un problema que Europa está enfrentando con medidas de ahorro y eficiencia energética, además de por una apuesta por la energía nuclear. “La inclusión de la energía nuclear en la taxonomía verde anima a los inversores y empresas a apostar por este tipo de energía”, apunta el presidente de la Comisión de Energía, Jaime Segarra.

El caso de España es diferente. El Plan Nacional de Energía y Clima contempla además de una apuesta decidida por las energías renovables, un calendario de cierre que significaría que cuatro de los siete reactores españoles dejarían de operar en el horizonte 2030. Los otros tres lo harían en 2035.

Segarra apunta que el debate energético “no debería ser ideológico” aunque considera que la opinión pública juega un papel fundamental en esta decisión. “La energía nuclear ofrece electricidad de base, de forma estable y no emite gases de efecto invernadero, pero hay dos aspectos que preocupan a la opinión pública especialmente: la seguridad y los residuos”, subrayan los expertos del Colegio.

La seguridad en el sector nuclear es una máxima que debe continuar siendo una prioridad absoluta, por lo que se debe continuar investigando e incorporando las mejoras en las plantas nucleares que están en funcionamiento.

La decisión respecto a los residuos está posponiéndose permanentemente, especialmente los referido a los residuos de alta actividad que actualmente se encuentran almacenados en las propias centrales. El borrador del VII Plan General de Residuos Radiactivos contempla la puesta en marcha de Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las propias centrales nucleares y la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP) como almacenamiento definitivo. Ideas que deben irse concretando y desarrollando en unos plazos razonables.

Transparencia y viabilidad económica, dos aspectos a tener en cuenta

Los expertos de la Comisión de Energía del Colegio consideran la mejora de la transparencia como uno de los aspectos adicionales a tener en cuenta. “Hay que trabajar en el conocimiento que tienen los españoles sobre la energía nuclear para que se disipe la desconfianza que puede transmitir esta tecnología”, admite Segarra. Del mismo modo, también consideran importante reforzar la valoración pública del Consejo de Seguridad Nuclear como regulador independiente que vela por la seguridad de las centrales nucleares de nuestro país.

Aclarar la viabilidad económica de las instalaciones con los propietarios de las centrales es otro de los puntos en los que trabajar. “Los actores deben tener claras las inversiones para asegurar la continuidad de forma segura de acuerdo con las peticiones del CSN, y cómo serán el retorno de las inversiones, garantizando un beneficio razonable e independiente de los vaivenes políticos y del mercado”, apuntan desde la Comisión. Los expertos proponen un PPA asegurado hasta el cierre definitivo, que permitiría seguir recaudando la cantidad requerida para el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento antes del año 2100. Sobre este aspecto, un informe publicado en 2018 por la Universidad de Comillas concluía que en cualquier caso es ambientalmente positivo y económicamente rentable prolongar la vida útil de las centrales nucleares españolas una media de 10 años.

Los plazos, una circunstancia a tener en cuenta

La política energética en materia de energía nuclear no se puede improvisar. Son necesarios un mínimo de tres años de preparativos para diseñar y planificar adecuadamente el desmantelamiento, así como una eventual estrategia de modernización y mejora para garantizar una operación segura a largo plazo. Además, la provisión de combustible, cuyo diseño demanda diferentes grados de enriquecimiento previo a su fabricación, también exige unos plazos de varios años. “El año 2024 podría ser un punto sin retorno para decidir si se acomete la ampliación de la vida de las centrales nucleares”, concluyen los expertos del Colegio.

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