SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 10 DESEPTIEMBRE DE 2018 SOBRE LA COMPETENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IIE)

La Audiencia Nacional estima el Recurso Contencioso-Administrativo núm.16/2017, promovido por el Abogado del Estado en defensa y en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra cinco resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda de fecha 20 de diciembre de 2016.

El origen de las actuaciones está en las resoluciones denegatorias del Instituto Gallego de la Vivienda fundamentadas, básicamente, en que el Informe de Evaluación del Edificio no está firmado por técnico competente que, a estos efectos, consideran que sería solo un arquitecto o un arquitecto técnico y ello porque un edificio de uso residencial no puede ser proyectado ni su ejecución dirigida por un ingeniero, tampoco podría emitir informes relativos a su estado de conservación, el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal y sobre el grado de eficiencia energética de los mismos.

Por su claridad expositiva, debemos traer a colación la argumentación expuesta por el Abogado del Estado (FºD.3º) en la Sentencia, que indica “…que la exigencia de requisitos concretos de “cualificación profesional” (tener el título de arquitecto o arquitecto técnico) para el desarrollo de una actividad (en este caso, para la expedición de informes de evaluación de edificios) constituye una restricción de acceso a la actividad económica. Entiende que dichas restricciones deberían haberse motivado en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, (…); y es que:  

  “La reserva de la actividad consistente en la proyección de edificios de viviendas y en la ejecución de sus obras de construcción, se fundamenta en evidentes razones de interés general, como la seguridad pública, la protección del medio ambiente o la salud de los consumidores. Sin embargo, la emisión de un informe sobre la situación de conservación, las condiciones de accesibilidad y el grado de eficiencia energética de un edificio de uso residencial no tiene idéntica incidencia en dichos motivos ni exige un conocimiento tan especializado de la normativa y de las técnicas constructivas que impida a otros profesionales realizarlo con las adecuadas garantías./ En todo caso, y aunque en este supuesto concurriera alguna razón imperiosa de interés general, debería haberse evitado establecer una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones concretas, con exclusión de todas las demás, y en su lugar, optar por vincularla a la capacitación técnica del profesional en cuestión./(…)/…llevan a la conclusión de que en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario previsto en la DF1º del RDL7/2015, no puede ampliarse el elenco de técnicos competentes a otros profesionales ni a otras titulaciones, pero ello no justifica en modo alguno los principios de necesidad y de proporcionalidad que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado exige, (…)/Es decir, (…) no ha acreditado que concurrieran razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente, que justificase una reserva de actividad a una titulación o titulaciones concretas, con exclusión de las demás, en lugar de optar por la vinculación a la capacitación técnica del profesional en cuestión. ”  

En el caso que nos ocupa, ”(…) no - se- ha acreditado que concurrieran razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente, que justificase una reserva de actividad a una titulación o titulaciones concretas, con exclusión de las demás, en lugar de optar por la vinculación a la capacitación técnica del profesional en cuestión”; motivo por el que se procedió a estimar el Recurso Contencioso-Administrativo.  

A la vista de cuanto antecede, no existe justificación para la reserva que, para la elaboración de los Informes de Evaluación de Edificios, se realiza a favor de los arquitectos y arquitectos técnicos, al contrario, ésta se vincula a la capacitación técnica del profesional, hecho que, evidentemente, ampara la competencia de los Ingenieros Industriales.  

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En Madrid a 23 de octubre de 2018